Estaba cantado. Por más intentos que se hicieran, por más vueltas que se dieran, los intereses electorales de cada uno harían inviable la convergencia. Así que no ha habido manera de tejer el supuesto frente catalán para presentar una resolución conjunta contra la sentencia del Estatut para votarla en el Congreso el próximo martes.
El PSC se desmarca en Madrid de sus socios en Cataluña y pacta un texto conjunto con el PSOE en el que se comprometen a desarrollar «una fuerte acción política para preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno». La presentaron conjuntamente ayer por la mañana el portavoz socialista, José Antonio Alonso, y el coordinador de los 25 diputados del PSC en el Congreso, Daniel Fernández. Se felicitaron por el acuerdo y proclamaron el acatamiento de la sentencia y de la Constitución. Eso sí, la parte dispositiva constata «el malestar creado en Cataluña por la sentencia» y reconoce la necesidad de desarrollar una fuerte acción política para preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno».
Y reitera que «la realidad nacional catalana, tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut, el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus símbolos e instituciones, la lengua y la cultura catalana, el derecho civil y la tradición jurídica catalana y una financiación justa, tienen perfecta cabida en el marco jurídico y político defendido en 1978». La propuesta será sometida el martes a votación de la Cámara, pero antes será negociada con el resto de fuerzas parlamentarias. Sin embargo, a la vista de los textos alternativos que han presentado tanto CiU como ERC, el acuerdo se antoja difícil. Los nacionalistas catalanes exigen que el Congreso se comprometa a defender íntegramente el texto estatutario y a desplegarlo en su plenitud «por ser la expresión mayoritaria de la unidad civil y política de Cataluña» y porque así lo decidió el pueblo catalán. También aspira a que la Cámara apoye la declaración de Montilla del pasado 28 de junio, cuando dijo que la sentencia era una «gran irresponsabilidad» y que «no hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación». ERC quiere el aval para un referéndum independentista.
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