En solo una semana, el PSOE ha pasado de decir que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña era un derrota del PP en toda regla, por dejar «intacto» el 95 por ciento de su articulado, a presentar una resolución en el Congreso con la que pretende abanderar el «malestar creado en Cataluña». Cede así a las exigencias del presidente de la Generalitat, José Montilla, quien lejos de llamar a la tranquilidad, la responsabilidad y el acatamiento del fallo judicial empujó a los catalanes a salir a la calle hace una semana con la pancarta «somos una nación».
La respuesta contradictoria que se dio desde Moncloa y desde la Generalitat tras hacerse público el fallo del TC, que declara inconstitucionales 14 artículos e interpreta 27 más y el preámbulo, tenía dos salidas. O se rompía la unidad de voto en el Congreso entre el PSOE y el PSC a la hora de valorar la sentencia, o una de las dos partes se sometía a la otra. Ha ocurrido lo segundo, y con las elecciones autonómicas catalanas a la vuelta de la esquina, el que se ha plegado ha sido el Gobierno de Zapatero y el PSOE ante la postura beligerante del PSC y Montilla contra la sentencia.
El resultado ha sido una resolución que se debatirá y votará el próximo martes en el Pleno, como colofón del Debate sobre el estado de la Nación. En la misma línea que el presidente Zapatero durante todo el debate, la primera resolución del PSOE versa sobre el «Estatut de Catalunya». Eso sí, en las 15 resoluciones que corresponden a este Grupo no hay ni una sobre el principal problema de los españoles, el paro, pero no falta otra que insta al Gobierno a velar por el cumplimiento de la ley del aborto.
- «Fuerte acción política».
El diputado del PSC Daniel Fernández presentó en rueda de prensa junto al portavoz socialista, José Antonio Alonso, su propuesta de resolución sobre el Estatuto. En ella, el Congreso de los Diputados «desde el acatamiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, constata el malestar creado en Cataluña por la sentencia sobre el Estatuto y reconoce la necesidad de desarrollar una fuerte acción política para preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno de los ciudadanos catalanes en el marco de la España plural».
El PSOE también quiere que el Congreso inste «al Gobierno de España a desarrollar a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno contenido en el acuerdo estatutario entre las instituciones catalanas y españolas que fue refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña».
Por último, la propuesta socialista «reitera que la realidad nacional catalana, tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut, el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus símbolos e instituciones, la lengua y la cultura catalanas, el derecho civil y la tradición jurídica catalana y una financiación justa tienen perfecta cabida en el marco jurídico y político definido por la Constitución de 1978».
El Grupo Popular contraataca con una resolución sobre «estabilidad institucional», donde destaca los valores de la Constitución, que «es, por encima de todo, un Pacto, el fruto de un consenso», que ha posibilitado «un proceso descentralizador que ha superado con mucho las expectativas que podían tener la mayor parte de los actores y observadores» de 1978. El PP propone instar al Gobierno a «preservar y restablecer los consensos constitucionales sobre nuestro modelo de Estado de las Autonomías», así como a «cumplir y garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el que la Constitución es la Ley Suprema».
El resto de los grupos parlamentarios también tienen propuestas relacionadas con la Constitución y el Estatuto de Cataluña. ERC ha registrado una sobre la «independencia nacional», con la que pretende que el Congreso declare «su respeto ante cualquier proceso democrático para que Cataluña se constituya en un estado de derecho, democrático y social, integrado en la UE». El Grupo de CiU quiere que el Parlamento nacional respalde las palabras de Montilla con las que manifestó, el 28 de junio, que el Tribunal Constitucional había cometido «una gran irresponsabilidad» con su fallo sobre el Estatuto.
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