Catalunya y España en la encrucijada (José Montilla)

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos sitúa en un punto crítico para la política española y la política catalana, que exige una respuesta responsable y valiente. Ha provocado, como es bien patente, una profunda indignación y ha suscitado el enérgico rechazo de una gran mayoría de la ciudadanía catalana, que la considera una falta de respeto por el resultado del proceso democrático e impecablemente constitucional de tramitación del Estatuto. Y además ve en dicha decisión una desconsideración por el pacto político sobre el autogobierno alcanzado por las instituciones democráticas y ratificado en referéndum popular. Indignación y rechazo mayores, si cabe, provocan algunas interpretaciones del tribunal que resultan ofensivas para el sentimiento de identidad nacional, cultural y lingüística de Catalunya.

La sentencia llega tras un cúmulo de circunstancias que han alimentado sospechas sobre la parcialidad del tribunal erosionando la confianza ciudadana en la institución y su legitimidad moral. Con este estado de ánimo, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona, expresando un hondo malestar y algunos, un desapego creciente hacia una forma de entender España, que parece incapaz de dar cabida a una nación con un fuerte sentimiento identitario y a una aspiración de mayor autogobierno.

La situación abre una serie de interrogantes sobre los caminos a seguir. Unos ya han dicho -algunos más abiertamente y otros de manera menos clara- que el proyecto de continuar en una España común ya no les interesa. Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.

Asimismo, se pone de manifiesto una confrontación de legitimidades entre las instituciones legislativas y el TC. A nuestro juicio el tribunal se ha extralimitado intentando imponer una visión del Estado autonómico, una función que no le corresponde y que le es impropia. Deberemos abordar este grave problema estructural de nuestra democracia, impulsando las reformas que sean oportunas, empezando por la del propio TC.

Pero volviendo al problema de la aplicación del Estatuto, creo que podemos afirmar que no se ha conseguido el objetivo de invalidarlo, tal y como pretendían quienes lo impugnaron. A pesar de la sentencia, sigue siendo un instrumento útil de nuestro autogobierno y vamos a aprovechar todo su potencial al servicio del progreso, el bienestar y la cohesión de la ciudadanía catalana.

Pero, ¿qué haremos con aquellos apartados del Estatut enmendados por el TC? Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.

Pero más allá de la voluntad de recuperar el Estatuto, tenemos ante nosotros la cuestión de fondo, el problema secular de la relación entre Catalunya y el resto de España, que atraviesa nuestra historia contemporánea y que, a mi juicio, se trata más de un problema español que de un problema catalán.

Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Un reconocimiento que requiere coraje político y altura de miras para seguir avanzando en una cultura democrática que permita buscar soluciones más justas para la convivencia de los distintos pueblos de España. Esta sentencia muestra una evolución decepcionante de nuestro intérprete constitucional en términos de calidad democrática. La Constitución expresa un consenso que exige el compromiso permanente en la regulación de la convivencia y el Estatut era el instrumento para encontrarnos de nuevo, desarrollando el pacto constitucional.

No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido. Reivindicando la propuesta federal como la vía más apropiada para desarrollar nuestro futuro común con generosidad y voluntad de acuerdo. Si España quiere dar solución a su problema secular debe estar dispuesta a cambiar. Tenemos la oportunidad y el reto de construir un futuro compartido. Catalunya y España entera se hallan en una encrucijada.