El pasado miércoles 21 de julio, el congreso ratificó –con los votos de PSOE y PP– la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA). La reforma de esta ley supondrá una profunda transformación del sistema financiero del Estado español.
La reforma aprobada permitirá que las cajas de ahorros puedan emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio; además, las cajas podrán ceder su negocio financiero a un banco, manteniendo la caja, únicamente, la obra social y la cartera industrial. La reforma permitirá igualmente segregar la obra social en fundaciones y, además, reducirá la presencia de los cargos electos en los consejos de administración.
Esta reforma –impulsada por las fuertes presiones de la banca privada así como por las exigencias de la UE, y dirigida por el Banco de España– supone la desaparición de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, abriendo la puerta a su privatización y a la conversión de las cajas en sociedades anónimas. La banca privada ve cumplida con ello una de sus reivindicaciones históricas: poder meterle mano a la obra social para convertirla en beneficio privado para los accionistas.
La vía de la privatización abierta permitirá al capital disponer de un nuevo nicho de negocio y supondrá para la banca privada la eliminación de un sector de la competencia, facilitándose con ello el acceso –sin necesidad de competir por su captación– a los importantes pasivos controlados por las cajas, que han recibido tradicionalmente el ahorro de los sectores populares. Así, las cajas de ahorro, que captan casi la mitad de la cuota del mercado español de crédito, siguen constituyendo a día de hoy un “cuerpo anómalo” en el seno del mercado capitalista –y, por tanto, un fabuloso espacio de negocio por explotar– que la gran banca ya no se puede seguir permitiendo en un momento de crisis como el actual (en el que todas las entidades presentan una frágil situación financiera). Además, la recapitalización de las cajas previa a su conversión en entidades bancarias (las cajas llevan ya 11.200 millones de euros inyectados) se está haciendo con cargo a los fondos del FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), es decir, con dinero público. De nuevo, el gobierno de Zapatero –esta vez con el apoyo del Partido Popular– da una nueva vuelta de tuerca en su orientación neoliberal, socializando las pérdidas asociadas a la depuración de los balances de las entidades financieras, para luego privatizar los beneficios.
Es cierto que las cajas de ahorros han demostrado una limitada capacidad para servir de instrumento de desarrollo social y territorial. No sólo no han canalizado el ahorro hacia las necesidades sociales más inmediatas y perentorias, sino que además han contribuido muy activamente en la formación de la burbuja inmobiliaria de la última década, con los consiguientes costes económicos, sociales y medioambientales. Sin embargo, el estatuto jurídico de las cajas –que, hasta ahora, consignaba los beneficios de la actividad financiera a la obra social, y no a beneficios privados de los accionistas–, sin ser desde luego un modelo de banca pública, sí constituía un mejor punto de partida para exigir avances en esa dirección que la ley actual.
Desde Izquierda Anticapitalista nos parece por tanto necesario denunciar y frenar la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, dado que constituye una privatización abierta de las cajas que redundará no sólo en más despidos de trabajadores/as en dichas entidades, sino también en la imposibilidad de destinar el crédito a satisfacer necesidades sociales. Pensamos que la situación actual exige precisamente lo contrario: avanzar en la creación de una banca pública, gestionada de forma democrática y cuyos objetivos no sean la rentabilidad ni la creación de beneficios para los accionistas, sino la atención de aquellas necesidades sociales, productivas y económicas más urgentes para garantizar que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, consideramos necesario impulsar y difundir propuestas como la reciente campaña de ATTAC a favor de la nacionalización de las cajas de ahorros, con el fin de crear una nueva banca pública que facilite el acceso al crédito.
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