Un año después que estallaran los graves incidentes en la región de Xinjiang, Pekín encara el conflicto por un lado con una contundente demostración de fuerza y control policial y por otro con todo un abanico de ofertas económicas para convencer a la población de que la situación puede mejorar si no se recurre a la violencia.
Durante este año, las autoridades de Pekín se ha aplicado en presentar un plan económico o, como ellas lo han calificado, una “hoja de ruta” para desarrollar la Región Autónoma de Xinjiang, con el convencimiento de que el dinero en forma de inversión y oportunidades de negocio puede hacer bajar la tensión entre los uigures, la población autóctona, y los han, la población china que ha ido colonizando la zona de la mano de los incentivos del gobierno para teóricamente desarrollar la región pero, en la práctica, para ser los únicos beneficiarios de las ayudas.
El gobierno chino quiere combinar su conocida receta, ya ensayada anteriormente, de mano dura y apuesta por mejorar la situación económica para contentar a la población.
Ante el primer aniversario de la revuelta, Pekín ha desplegado el ejército en la región, ha reclutado a 5.000 agentes de policía extra para reforzar la seguridad y ha intentado monitorizar a la población al estilo “Gran hermano”. La administración china ha instalado unas 40.000 cámaras de vigilancia en calles, colegios, centros comerciales, transporte público…además se han instalados detectores de metales y arcos de seguridad en bancos, restaurantes, tiendas, colegios y dependencias oficiales.
El 5 de julio de 2009 la tensión estalló en Urumqi, capital de la Región Autónoma de Xinjiang, la llamada china musulmana, situada en el noroeste del país. La población es de etnia uigur, su lengua es turca y profesan la religión musulmana.
Los enfrentamientos entre los uigures y los han de hace un año se saldaron con cerca de 200 muertos, la mayoría han, y unos 1.700 heridos. Los negocios de los chinos fueron saqueados y las pérdidas económicas cuantiosas. China vivió los peores disturbios en décadas.
El descontento de los uigures, que se sienten perseguidos cultural y religiosamente --tienen peores trabajos y más dificultades para obtener créditos o pasaportes-- está detrás del estallido social de hace un año.
La población uigur se siente discriminada y aunque todavía son mayoría sólo representan el 45 por ciento frente a la rápida colonización han, que ha conseguido constituir ya el 41 por ciento de los habitantes del Xinjiang.
El gobierno chino ha fomentado con incentivos económicos el traslado de población han a regiones pobladas tradicionalmente por otras étnias, como también es el caso del Tíbet. Sin embargo, las dos comunidades no se han integrado. El desarrollo económico creado por los han no ha repercutido en la población autóctona.
El resultado político de los enfrentamientos, a la larga, como siempre actúa el gobierno chino, se ha saldado con la destitución del secretario del Partido Comunista de la región y otros altos cargos.
Tras la purga política y el control policial – las comunicaciones con teléfono internacional, Internet o sms han estado interrumpidas durante un año- ha llegado el cheque económico. El presidente Hu Jintao ha presentado un plan de desarrollo de la zona con el objetivo de que el PIB de la región se iguale a la media nacional en 2015, hoy representa sólo el 25%, y la promesa de erradicar la pobreza en 2020.
El promedio de ingresos por habitante y el acceso a servicios públicos básicos se debe igualar al del resto del país. Para ello se realizarán fuertes inversiones en infraestructuras.
También hay un paquete de incentivos fiscales como la exención de impuestos durante dos años para las empresas y deducciones en los tres siguientes, o mecanismos preferentes para la recepción de inversiones, nacionales y extranjeras.
La “hoja de ruta” prevé el desarrollo económico de ciudades como Hotan y especialmente Kashgar, la mítica parada de la ruta de la seda y corazón de la cultura uigur, para convertirla en el centro logístico y comercial de la región a imagen del papel que Shenzhen ha realizado en el desarrollo de Guangdong, en el sur. Al igual que en Lhasa, la capital del Tíbet, las piquetas “modernizadoras” ya han entrado en el barrio antiguo de la ciudad.
El Xinjiang, a pesar de su atraso económico, tiene abundantes recursos naturales como yacimientos de petróleo y gas; además, su situación geográfica es estratégica para Pekín ya que tiene frontera con Rusia, Mongolia, Pakistán, Afganistán, India y las repúblicas ex soviéticas de Kirguizistán, Tajikistán y Kazajastán.
China teme que el conflicto en Xinjiang se radicalice y los resultados sean más desestabilizadores debido al alto riesgo que representan las posibles conexiones con el terrorismo islamista.
Mientras la causa del Tíbet tiene gran apoyo internacional, éste no se traduce en una efectiva presión contra el gobierno chino o, al menos, Pekín lo sabe capear hábilmente. En el caso de Xinjiang, el riesgo de que China sufra el contagio islamista y pueda ser desestabilizada por acciones terroristas en el interior del territorio o contra intereses en el exterior, preocupa seriamente al gobierno.
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