Uno de los componentes más importantes de la sabiduría convencional sobre la transición de la dictadura a la democracia en España es negar que hubiera un pacto de silencio entre las derechas herederas del franquismo y las izquierdas recién salidas de la clandestinidad. Una de las voces que ha negado la existencia de tal pacto -contando con grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión del país- ha sido el que fue en su día sacerdote e hijo de militares que apoyaron el golpe militar, y que hoy es profesor de sociología en la UNED, el Sr. Santos Julià. Columnista habitual de El País ha promocionado esta negación de que existiera tal pacto de silencio, no sólo en las páginas de tal rotativo, sino también en otros foros, exponiendo también sus tesis a través de varias colecciones publicadas por editoriales de gran renombre. Una característica de la promoción de sus tesis es su estilo, lleno de sarcasmos e insultos a aquellos que sostienen que sí que hubo un pacto de silencio, utilizando un tono un tanto pedante, soberbio y condescendiente que muchos consideran, con razón, irritante y ofensivo. Nunca, por cierto, contesta a sus críticos, que muestran sus considerables flaquezas analíticas en su historiografía.
Pero, independientemente de su estilo y escasa actitud dialogante, encuentro extraordinario que esta versión que niega que hubiera tal pacto de silencio continúe defendiéndose a pesar de la enorme evidencia que la contradice. En un excelente artículo del historiador Francisco Espinosa Maestre, “De Saturaciones y Olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no se puede pasar”, éste analiza con gran detalle y rigor los escritos sobre la memoria histórica mostrando con toda claridad y contundencia el error de Santos Julià, documentando la escasez (tanto dentro como fuera de la academia) de tales estudios sobre lo ocurrido en España durante la Guerra Civil y la Dictadura, escasez que fue comentada extensamente por observadores extranjeros (como también documenta Espinosa). Como académico (parte politólogo-parte economista) puedo dar testimonio de que el número de tesis doctorales sobre la Guerra Civil o sobre la Dictadura en los departamentos de Ciencias Políticas o de Políticas Económicas y Sociales en España ha sido bajísimo, aunque se ha notado un aumento a partir de la Ley de la Memoria Histórica. No puede considerarse el boom de libros escritos sobre nuestro pasado reciente (ocurrido en los últimos años en respuesta a la Ley de la Memoria Histórica) como reflejo de lo ocurrido durante los 32 años de democracia.
Pero en este artículo, quisiera ir más allá del mundo académico, pues tal mundo académico está, por desgracia, bastante aislado en nuestro país. Una cosa es el mundo intelectual académico y otra el mundo real fuera de la academia, un mundo mucho más importante para definir la memoria histórica. Y para ver lo que se ha visto en nuestro país sobre nuestro pasado, hay que analizar los mayores medios de información y persuasión, de los cuales los más importantes son los televisivos. Y ahí si que es fácil de demostrar que hubo un pacto de silencio muy claro (que no necesita ser explícito o firmado para que exista, pues formó parte de un acuerdo tácito) que explica que no fuera hasta principios de este siglo, casi treinta años después del establecimiento de la democracia, cuando se comenzaron a emitir por primera vez en las televisiones españolas los pocos documentales mostrando las atrocidades cometidas por los vencedores. Documentales como “Els nens perduts del franquisme”, se emitieron por primera vez en Cataluña en 2002, y después en Andalucía (a la 1 de la madrugada), y todavía hoy no se ha emitido en las CCAA gobernadas por el PP. Antes, cualquier análisis del pasado tenía que ser “equilibrado”, es decir que se vieran los dos lados –los horrores cometidos por los vencedores y por los vencidos-, dándoles el mismo peso y responsabilidad en lo ocurrido. De ahí que calara en el memorial popular que “todos habían sido responsables”, “de que lo mejor era mirar al futuro y dejar aquel pasado”, y otras percepciones promovidas por los medios controlados por los vencedores y sus descendientes (biológicos y/o ideológicos), que reprodujeron así la memoria histórica conveniente a las derechas en España.
Pero Santos Julià, que niega la existencia de un pacto de silencio, afirma sin embargo, la existencia de un pacto de Amnistía en el que se decidió no enjuiciar los actos cometidos por los dos bandos durante la Guerra Civil y durante la dictadura, resultado de una madurez política por parte de vencedores y vencidos que condujo a una transición –definida por Santos Julià como modélica- de la que los españoles deberíamos estar orgullosos. Tal Pacto de Amnistía no fue, sin embargo, acompañado por un pacto de silencio pues –según Santos Juliá- se sabía todo, se podía investigar todo y el Estado financiaba toda investigación histográfica del signo que fuese. Puesto que era una interpretación de la historia enormemente indulgente con las fuerzas conservadoras que lideraron la transición, es comprensible que tal versión se transformara casi en la versión oficial de la transición.
La realidad, sin embargo, fue muy diferente. Las derechas dominaron el proceso de transición y forzaron un silencio en el que la versión del pasado era la que ellos habían promovido. Su oposición a la Ley de la Memoria Histórica es precisamente resultado de su resistencia a redefinir la memoria histórica dominante en el país. Y su enorme poder explica que no haya podido extenderse en la conciencia popular una visión republicana de lo que fue el golpe militar y de lo que ocurrió cuando triunfó, mostrando la responsabilidad que las derechas (muchas de ellas todavía enraizadas en el aparato del Estado) en aquellos hechos. El intento de recuperar esta realidad se denuncia como intento de imponer una memoria histórica, ignorando que ya existe una, la dominante, la de los vencedores, que no corresponde con lo ocurrido. Los vencidos tienen otra verdad y no se les permite mostrarla en los medios. Mientras, los vencidos están muriendo, y no sólo no se les ha homenajeado, como auténticos defensores de los intereses de España y de sus clases populares, sino que, a no ser que el Estado les ayude (como propone, con todas sus limitaciones, la Ley de la Memoria Histórica), no podrán dejarnos su historia que es la versión real de lo que ocurrió. Y de ahí la gran resistencia de los vencedores y sus descendientes (como Santos Julià) que se oponen a que, a través de la Ley de la Memoria Histórica, se conozca tal verdad recogiendo el testimonio oral de los vencidos, método que crea incomodidad entre los primeros. Como ha escrito el cineasta Günter Schwaiger (citado por Espinosa), ¿qué les pasa a algunos historiadores españoles para que tengan tanto miedo a la memoria de la gente? ¿Desde cuándo la memoria no sirve para testimoniar la verdad? ¿O acaso en los juicios ya no hacen falta testigos para condenar a alguien? ¿Ya no vale el testimonio de un hijo que ha visto como fusilaron a su padre para testificar el horror del fascismo? ¿Hemos llegado a tal arrogancia académica que las víctimas tengan que pedir permiso a los historiadores para saber si su sufrimiento fue verdad o simplemente un espejismo?… Está por ver si el Sr. Santos Julià hubiese formulado semejante ataque al valor de los testimonios en países como Alemania, Austria, EEUU o Israel, donde cientos de organizaciones de víctimas del Holocausto recuerdan a la sociedad, justamente con su memoria, la tremenda importancia de no olvidar”. No se podría haber dicho mejor.
Pero la crítica no debe limitarse sólo a Santos Julià, sino que debe incluir a los medios que están promocionando unos puntos de vista (de escasa calidad intelectual y limitada vocación democrática) que están beneficiando la reproducción de una versión de los hechos que beneficia a los vencedores y a sus descendientes. En realidad, el enorme dominio de los descendientes de los vencedores en los medios (así como en los partidos de todas sensibilidades políticas) explica la falta de apoyo a la recuperación de la memoria de los vencidos, que es la historia real de España.
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