El BBVA se va 'de rositas' del escándalo que entre 2001 y 2002 provocó la dimisión en bloque de la mayoría del consejo de administración del banco, incluido su presidente, Emilio Ybarra. Ahora, la Audiencia Nacional ha anulado las sanciones de tres millones de euros impuestas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por un presunto delito de falseamiento de las cuentas.
Así lo indica el banco en la información explicativa relacionada con los resultados del primer semestre del año, enviada ayer al organismo supervisor de los mercados. El segundo banco español expone que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos contencioso-administrativos interpuestos por BBVA contra las dos resoluciones del Banco de España y de la CNMV y ha anulado las dos sanciones, según sendas sentencias acordadas los pasados 19 y el 25 de mayo.
La decisión de la Audiencia Nacional supone un balón de oxígeno para la entidad, que había visto cómo su nombre salía manchado por uno de los mayores escándalos financieros de España en la última década. En concreto, el 15 de marzo de 2002, el Banco de España inició un expediente sancionador contra BBVA y 16 de sus antiguos consejeros y directivos por la existencia de fondos por importe de aproximadamente 225 millones de euros que, perteneciendo a BBV, no fueron incluidos en los estados financieros de la entidad.
Ese dinero estaba depositado en distintas sociedades domiciliadas en la Isla de Jersey, Liechestein y las Islas Caimán, destinos todos ellos considerados como paraísos fiscales, desde donde BBV compraba acciones para la autocartera o guardaba el dinero de las pensiones de sus ejecutivos. El antiguo banco con sede en Bilbao llevaba haciendo esa operativa desde 1987 con el principal fin de no pagar impuestos en España. Cuando en 1998 se fusionó con Argentaria y se creó el actual BBVA, esos fondos fueron regularizados voluntariamente en 2000 mediante su contabilización en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como resultados extraordinarios, por los que se registró y satisfizo el impuesto sobre sociedades correspondiente.
Francisco González puso los hechos en conocimiento del Banco de España el 19 de enero de 2001. El caso cogió tal dimensión que Emilio Ybarra, copresidente de la nueva entidad, se vio obligado a dimitir en diciembre de ese año. El supervisor del sistema financiero abrió expediente al banco y a 18 miembros de la comisión Delegada Permanente, así como a otros consejeros y altos cargos, que habían dejado sus puestos semanas antes. La CNMV se sumó al proceso y también expedientó a BBVA en mayo de 2002 por posible infracción de la Ley del Mercado de Valores por los mismos hechos.
- El caso cae en manos de Garzón.
El caso adquirió una nueva dimensión cuando, a petición del Banco de España, el juez Garzón abrió la vía penal y se hizo cargo de la instrucción del caso de las cuentas secretas. Garzón imputó a los 22 directivos del BBV beneficiarios de los planes de pensiones creados desde uno de los paraísos fiscales y a otros cinco miembros del banco relacionados con la operativa de las cuentas. Pero la vía penal, que paralizó los expedientes anteriores, acabó en 2007 sin que ninguna persona fuera condenada pese a que la Fiscalia había solicitado varios años de cárcel para Ybarra, Pedro Luis Uriarte, consejero delegado, y otros directivos. Tan solo Ybarra, aclamado el pasado año en el Círculo Ecuestre de Barcelona por sus valores cívicos, tenacidad y esfuerzo, fue castigado con prisión de seis meses por un delito de apropiación indebida por los fondos de pensiones, sanción que no cumplió.
Al cerrarse el proceso penal, se retomaron los expedientes, que acabaron el 18 de julio de 2008 con una multa contra el banco de un millón de euros por parte del Consejo del Banco de España y de dos millones por parte de la CNMV por una infracción muy grave, además de sanciones a los anteriores administrativos y directivos responsables de la irregularidad.
Sin embargo, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado ahora los recursos contencioso-administrativos interpuestos por BBVA contra dichas sanciones y las ha anulado. De esta forma, sin ningún culpable para la Justicia, se cierra el caso conocido como las cuentas secretas que puso en jaque al segundo banco español.
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