Mientras que los campesinos marroquíes aseguran que en sus tierras sólo puede crecer el cannabis, Europa y EEUU envían más de 60 millones de euros a Marruecos para erradicar estos cultivos. Ahora las autoridades sobornan a los campesinos para continuar con sus plantaciones por lo que la producción de hachís no se reduce.
Durante generaciones la remota localidad de montaña de Bar Berred ha sido el corazón de la zona de cultivo de cannabis en Marruecos, donde los campesinos lograban subsistir de manera razonable gracias al cultivo de marihuana.
Aunque el cultivo de cannabis sea oficialmente ilegal, las autoridades hacían la vista gorda y dejaban a los campesinos trabajar sus campos repletos de la planta.
Pero ahora los campesinos están indignados porque tienen que pagar sobornos a las autoridades locales para seguir cultivando sus plantaciones.
Miles de campesinos han salido a protestar en las montañas del Rif por esta situación, coreando consignas como “¡Larga vida al rey!” para evitar la represión policial. “¡Dejad de robarnos!”, decían.
En esta vasta región hay miles de familias que viven del cultivo del cannabis, generando lo que se conoce popularmente como la “cultura del kif” (kif es el brote seco de la planta femenina de marihuana). Los campesinos dicen que el clima duro de la zona hace imposible el cultivo de cualquier otra planta.
Aunque es ilegal, el cannabis sigue siendo una de las fuentes de ingresos más lucrativas de Marruecos. Según cifras recientes de la ONU, se calcula que en 2005 se cultivaron en Marruecos unas 53.000 toneladas de cannabis. La mayor parte de la marihuana se comercializa en forma de hachís. Los países europeos se quejan de que Marruecos es la principal fuente de cannabis que entra de contrabando en sus territorios.
El gobierno marroquí responde a su vez que está tomando medidas para atajar la producción de hachís, según lo comprometido en diversos tratados internacionales.
Marruecos ha recibido desde 2003 unos 28 millones de euros de la Unión Europea para erradicar el cultivo de cannabis. Además, EE UU ha enviado 43 millones de dólares entre 2005 y 2012 para ayudar a los granjeros a encontrar nuevos cultivos que sustituyan a la marihuana.
En el último año las autoridades marroquíes han utilizado varias estrategias contra la producción de cannabis, entre ellas la quema de plantaciones.
La mariguana todavía se cultiva abiertamente en los pueblos de las montañas del Rif, pero los campesinos aseguran que sus ya escasos ingresos se están viendo reducidos drásticamente debido a los sobornos que les exigen algunas autoridades para poder continuar con sus plantaciones.
“En esta región no hay alternativas. Somos actualmente ya la quinta generación de la cultura del kif. Esta zona necesita ayuda”, explica Abdellah Ljout, representante local y activista social. “La gente no dice que quiera cultivar cannabis; tan sólo quieren sobrevivir. Están preparados para parar si encuentran otra manera digna para ganarse la vida”.
Ljout cree que la solución empieza primero por que haya voluntad política para erradicar las plantaciones ilegales en una región en donde el cannabis ha sido cultivado durante más de 100 años.
El gobierno marroquí, que no ha querido hacer declaraciones para este reportaje, aplica la ley de manera errática, denuncia Ljout.
El intento de la policía de registrar la casa de un campesino en busca de cannabis despertó la ira de la población local. El 10 de abril vehículos militares y de la policía rodearon la casa a las 4 de la madrugada. Pero la esposa del campesino les impidió la entrada y docenas de vecinos acudieron en su apoyo. Las fuerzas de seguridad alegaron que había armas ilegales en la casa para realizar el registro.
Al día siguiente, unas 10.000 personas, la mayor parte hombres jóvenes, se reunieron en la calle principal del pueblo para manifestar su descontento.
Los campesinos dicen que las autoridades locales les amenazan regularmente con órdenes para impedirles hablar. Se aseguran además de que los campesinos sepan que, si lo desean, les pueden arrestar en cualquier momento.
“Nos acusaron de tener armas, y les dije que no teníamos ninguna. Un policía registró la casa de mi suegro y no encontró nada”, asegura Abdelouaret El Bohidi, un cultivador de cannabis. “Aquí todo el mundo conoce a todo el mundo. Saben que no hay armas y que estamos en contra de ellas”.
En la zona hay unas cuantas casas palaciegas propiedad de un puñado de campesinos y de intermediaros que se han beneficiado del cultivo de cannabis y de la producción de hachís. Pero la gran mayoría de los locales luchan para llevar una vida digna, teniendo además en cuenta los sobornos obligatorios y las malas condiciones climatológicas.
El Bohidi produce cerca de 10 kilos al año, que vende a 300 dólares cada uno. Asegura que no tienen más remedio que pagar los sobornos a las autoridades locales. Pero al final han sido estos sobornos los que les han hecho romper su silencio.
“Esto es todo lo que tengo. Con esto compro granos, trigo, aceite, jabón, libros escolares. Lo uso para pagar la electricidad”, dice El Bohidi señalando una bolsa de marihuana. “Si me lo quitan, perderé la cabeza. No tendré nada con lo que alimentar a mis hijos”.
Un granjero que no quiere revelar su nombre por temor a represalias dice que dos o tres veces al año tiene que sobornar a las autoridades. Normalmente, dice, van hasta su casa y negocian su libertad.
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