La Audiencia Nacional admite el recurso sindical contra la bajada de sueldo de los funcionarios

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que interpuso Comisiones Obreras contra el recorte salarial de funcionarios y empleados públicos.

En un auto del pasado 9 de julio, la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso, con el que el sindicato pretende que "se restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios", informa Efe.

Los sindicatos mayoritarios de la Función Pública -UGT, CCOO y CSI-CSIF-, ya habían anunciado que recurrirían ante la Justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el real decreto ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que acordó la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos el pasado 25 de mayo, en aplicación de las directrices marcadas por el Gobierno y que contempla una reducción de las nóminas públicas de entre el 0,56% y del 7% del salario bruto. La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de mayo y convalidada por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo.

Según señalaron entonces los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida se podía impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.

De acuerda con Lacuerda, UGT comprobó con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida que además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.

Fossoul añadió que en caso de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "pudía recurrirse perfectamente" y se preguntaba acerca de la base legal en la que se basaría el Gobierno para que además de a los funcionarios, el recorte afectara sólo a los empleados públicos que no estén sometidos a convenios colectivos. Además, criticó que la medida no tenga elementos de equidad, como planteó el presidente del Gobierno. Lacuerda aludió a la inconstitucionalidad de la bajada salarial en el sector público, "nueva en la historia", y que supondría vulnerar la Constitución.

- Los antecedentes.

La Justicia ya falló en contra de una reclamación de los funcionarios por la congelación salarial en un proceso en el que en primer lugar, la Audiencia Nacional dio la razón a los afectados, pero después el Tribunal Constitucional y el Supremo otorgaron la razón al Gobierno. A raíz de la congelación salarial de 1996, el 23 de enero de 2001 la Audiencia Nacional sentenció en contra de la congelación salarial a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y anulado posteriormente por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.

- Recurso ante el Defensor del Pueblo.

El Área Pública de CCOO también había solicitado al Defensor de Pueblo la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el 'recortazo' y justificaba su petición en cuestiones tanto de fondo como de forma.

En cuanto al fondo, argumenta que el decreto precisa para su aplicación la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad", lo que, para el sindicato, no se cumple en este caso. El TC ha establecido que esta premisa jurídica ha de utilizarse cuando haya razones difíciles de prever. En relación con este punto, CCOO dice no cuestionar "la gravedad de la crisis económica ni la necesidad de adoptar medidas de control de las cuentas públicas", pero puntualiza que la crisis era "perfectamente conocida". CCOO expone que del propio decreto se infiere la "absoluta carencia de motivación que permita la utilización de esta vía extraordinaria, que incluso en el colmo de la provocación se permite la inclusión de medidas que deberán hacerse efectivas a partir de enero de 2011, sin que pueda alcanzar a entenderse la urgencia del procedimiento". CCOO cita, además, la supresión de derechos constitucionales, la expropiación del valor del trabajo y la mala fe por parte del Gobierno. Asimismo, alude a la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva.

En ese punto denuncia la "unilateralidad" en el recorte de derechos sociales, plasmada, entre otros puntos, en la suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012 en su aspecto retributivo, lo que para el sindicato constituye "una agresión sin precedentes a los derechos básicos y hurta la negociación a la representación sindical". CCOO también considera de "dudosa legalidad" no tanto la inaplicación del incremento salarial del 0,3% pactado en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012, como la reducción de un 5% de la masa salarial.

Junto a esto, el sindicato mantiene que se vulnera "la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", puesto que el decreto dispone "un trato distinto de empleados públicos en función de la Administración de procedencia o del régimen jurídico que les vincula con ésta".

- Recursos de otros sindicatos.

Criterios similares han empleado los cuerpos superiores de la Administración Central integrados en Fedeca, que también recurrieron el polémico RD que consideran ilegal e inconstitucional. Este sindicato, que defiende los intereses de los altos funcionarios de la Administración General del Estado -Grupo A1- también centran el eje de su recurso en la posible ilegalidad de la reducción de las retribuciones públicas, que chocaría con los derechos recogidos en la Constitución Española.

La consideran aleatoria e incongruente dado que la situación de las cuentas públicas que ahora se da por "extraordinaria" se conocía desde hace al menos dos años, a lo que se suma que hace tan sólo unos meses que el Gobierno había pactado un exiguo incremento salarial de los sueldos públicos con los sindicatos que ahora queda, desde su punto de vista, anulado en virtud del RDL, además de incumplir la ley de igualdad y de presuponer "mala fe" en la decisión de aprobar la norma.